Por considerarlo de interés consigno el siguiente artículo con el título precedente
Raúl Lizárraga Bobbio
Contexto
Son tres los argumentos de mayor peso que inducen a replantear la visión que veníamos arrastrando sobre el contenido de los procesos de desarrollo. El primero se refiere al reposicionamiento en el mapa político de los partidos que participaron en las elecciones regionales y municipales el 2010 y en las elecciones presidenciales y congresales el 2011. El segundo tiene que ver con los posibles impactos negativos sobre nuestra plataforma productiva provocados por la crisis económica y financiera mundializada. El tercero tiene que ver con la recurrencia de una pobreza estructural que agrede a por lo menos al 40% de la población, particularmente en los ámbitos alto andinos y amazónicos.
Quizá la deducción más interesante de un replanteo en ese sentido radica en la inviabilidad de un aparato económico y de un modelo de Estado que han sido insuficientes para avanzar efectivamente hacia procesos de desarrollo humano sostenido y equitativo; en el cual primen los intereses o aspiraciones de las mayorías.
Enfoque central
Los procesos de desarrollo humano incluyente y capaz de procrear cadenas de producción competitivas, surgen cuando se adopta una amplia matriz de programas sociales y económicos, negociada entre todos los actores públicos y privados.
Estos procesos debieran ser liderados por el Estado en función de las Metas de Desarrollo del Milenio inducidas por las Naciones Unidas y de las Políticas asumidas en el Acuerdo Nacional. En tal sentido, el Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles de gestión territorial (nacional, regional, municipal), deberá tener un rol proactivo y regulatorio tanto en el impulso a las inversiones reproductivas que aprovechen racionalmente la extensa gama de recursos naturales disponibles, como en la oferta de servicios sociales básicos. Esta proyección refuta la validez de un neoliberalismo extremo y flexibiliza el carácter “subsidiario” del Estado.
El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 2010, titulado “Por una Densidad del Estado al Servicio de la Gente”, contiene un ´”índice de Densidad del Estado (IDE) donde se muestra una cuasi ausencia del Estado (en términos de la dotación de servicios básicos) precisamente en los espacios rurales-campesinos-empobrecidos de la sierra y de la selva.
Los procesos de desarrollo humano sostenidos e inclusivos deben responder a una visión del futuro deseable (prospectiva), de la cual se deriven objetivos cuantificables (metas), estrategias para viabilizarlos (responsables de su cumplimiento) y proyectos financiables para concretarlos. La cuestión crítica estriba en establecer una secuencia lógica de normas, decisiones y actividades amparadas por criterios y metodologías que comprometan al tejido institucional público y privado, alineados en sectores o territorios predefinidos.
La planificación es un antídoto contra la irracionalidad en la asignación de recursos y la inequitativa distribución de las rentas o activos económicos acumulados. Es una herramienta indispensable para gerenciar procesos de desarrollo que armonicen con el crecimiento sustentable del aparato económico y con la cobertura de los desequilibrios en el acceso a las oportunidades de realización plena entre grupos sociales y ámbitos regionales o locales.
Para abordar de manera racional este complejo tipo de esfuerzos se dispone a partir del 2005 de un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SNPE) cuyo órgano técnico – operativo es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Entre el 2006 y julio del 2011 el CEPLAN ha realizado varios diagnósticos socioeconómicos y ha oficializado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con un horizonte al 2021 (“Plan Bicentenario”).
En 1962 se establece el Instituto Nacional de Planificación (INP). Fue desmontado en 1992. A partir de entonces y hasta el 2005 no hemos tenido un estamento planificador. Ha habido un vacío absurdo que ha ido de la mano con la falsa idea de que el mercado era intrínsecamente adecuado para asignar recursos y modular los procesos de desarrollo.
Desafíos pendientes
Quizá el desafío más categórico del CEPLAN radica en mejorar su posicionamiento dentro del aparato gubernamental y en lograr un respaldo político al más alto nivel. A partir de entonces, será pertinente el reforzamiento de sus capacidades técnicas (especialistas e investigadores calificados) y financieras (recursos suficientes para su funcionamiento y equipamiento logístico). Una apuesta en ese tema es la dación de una norma que le otorgue al CEPLAN un rango funcional de Ministerio y que incorpore en su Consejo Directivo a la representación de los Gobiernos Municipales.
En este plano institucional, y dado que se trata de un Sistema, deberán ajustarse los mecanismos que permitan también el fortalecimiento de las instancias planificadoras de los Ministerios, de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y de los Gobiernos Regionales y Municipales; paralelamente a la confección de instrumentos que permitan compatibilizar el Plan Nacional con los Planes sectoriales, Regionales y Municipales. Para dichos efectos, el CEPLAN deberá establecer Oficinas Desconcentradas en determinadas capitales Departamentales, considerando: · la formación de posibles Macro Regiones, a partir de ejes o circuitos económicos previsibles en base a una Estrategia de Ordenamiento Territorial, al Plan Nacional de Descentralización y al Plan Nacional de Regionalización, que son de responsabilidad de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el tratamiento del Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Descentralización tendrá que convocar a los ministerios del Ambiente, de Vivienda, de Transporte, de Energía y Minas y de Agricultura fundamentalmente. Así mismo, a aquellos Gobiernos Regionales (Cajamarca entre ellos) que han avanzado en articular las estrategias de Ordenamiento Territorial con la Zonificación Ecológica – Económica (ZEE) que es una de sus herramientas más sensibles; · los avances programáticos de las cuatro Juntas de Coordinación Interregionales (INTERNOR en el Norte, CIAM en la Amazonía, MACROSUR en el Sur, CENSUR en el ámbito central y sur), cada una de las cuales asocia entre cinco y ocho Gobiernos Regionales, · las experiencias de los Centros Regionales de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) que vienen funcionando en Cajamarca y La Libertad, en base a las clásicas Gerencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; además de las propuestas que en ese sentido vienen evaluándose en Arequipa, Ayacucho, Piura y Junín.
Por el lado del perfil técnico del Sistema, será preciso establecer directrices claras para maximizar la coherencia entre los Planes de Desarrollo y sus respectivos Presupuestos; además de exigir que ambas iniciativas funcionen como reales guías gerenciales de las instituciones públicas y como referentes de las iniciativas privadas. En esta esfera, deberá considerar el relanzamiento del Consejo Nacional de la Competitividad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros; así como los Planes Regionales de Competitividad previstos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El CEPLAN deberá formular y difundir en los Sectores Ministeriales y en los Gobiernos Regionales y Municipales, metodologías de bajo costo y de rápida aplicación para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación (en función de “resultados”) de los Planes de Desarrollo. En ese entorno deberá compartir con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los supuestos económicos, sociales, técnicos y ambientales que definan la pertinencia, viabilidad y prioridad de las inversiones de alto “impacto”, parte de los cuales se instalan en el Marco Multianual de la Inversión Pública, mientras que otros se vinculan a las políticas de integración continental, tales como los Corredores Económicos auspiciados por el IIRSA, que focaliza la articulación privilegiada con Brasil en primer término y con Paraguay, Bolivia y Chile en segundo término.
Debiera ser auspiciado un esfuerzo sustantivo para actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2021; paralelamente a la formulación de un Plan de Desarrollo Nacional con metas definidas para el periodo 2012-2016.
