Complot: Confabulación entre dos o más personas
contra otra u otras. Dicc. Real Academia Española).
Perplejo, anonadado, estupefacto, por la forma
irracional, risible e indignante en la que cinco denominad@s consejer@s
regionales (Arriola, Pazo, Torres, Troncos y Saona), persistieron en la sesión
extraordinaria de consejo regional, en relación a confirmar la separación del
Jefe de la Oficina Anticorrupción del Sistema Regional de Lucha Contra la
Corrupción, - sosteniendo en sus pueriles alegatos el sanbenito de que
“representamos al pueblo de nuestras provincias” (pueblo que considera en un
92% que son corruptos) -, decidí ir al fondo del asunto a través del análisis
del documento resolutivo suscrito por el gobernador regional que destituyó de
un plumazo al Jefe de la Oficina Anticorrupción, gobernador que, dicho sea de
paso, se ha hecho ojo de hormiga, sacado el cuerpo, ha puesto pies en
polvorosa, se ha hecho humo, sabe Dios hasta cuando, dejando al garete la
institución que el pueblo le encargó.
Este es mi análisis y las conclusiones que
tengo al respecto luego de haber recabado los documentos de marras, haciendo
uso de lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que me fueran alcanzados por la funcionaria encargada de tal proceso.
1. El documento que desencadenó el complot contra
la honestidad es el expediente N° 27700 ingresado a la Oficina e Trámite
Documentario del Gobierno Regional, con fecha 19 de Junio del presente año a
horas 1:05 p.m. y que consigna la presentación de una Carta s/n y cuyo asunto especifica:
“SE NOS EXPLIQUE LA DESIGNACIÓN DE LA ABG. ALFRED MARTÍN URBINA MUÑOZ. El
documento consigna al consejero Manuel Simeón Saona Rodríguez como el
presentante.
2. El mismo día a horas 2:21 p.m. el
documento es recibido en la Oficina de Secretaría General, siendo recibido en
la Oficina de la Presidencia, así reza el sello, el 20 de Junio. Si bien es
cierto no consta la hora, se supone que se tramo digamos a primera hora. Y es
precisamente en este acto en el cual se comprueba que hubo UN COMPLOT, CONJURA,
INTRIGA para traerse abajo al Jefe de la Oficina Anticorrupción, porque OH
MILAGRO, la Resolución Ejecutiva Regional salió, cáiganse de espaldas. EL MISMO
20 DE JUNIO.
Mi
conclusión aquí es que todo estaba preparado de manera tal que en modo Fast Track, una vía que no tiene
regulación en nuestro cuerpo legislativo nacional, pero que se aplica por
quienes ostentan el poder para favorecer amigotes o destituir, en este caso,
funcionarios honestos que vienen haciendo bien su trabajo pero que le son
incomodísimos al gobernador regional y a sus allegados.
3. Pero sorpréndase amigo lector, eso
no es todo. Al analizar la Carta s/n, suscrita por Arriola, Torres, Troncos y
Saona, estos “representantes” textualmente dicen que solicitan “que a la
brevedad posible se nos explique la designación del Abog. Alfred Martín Urbina
Muñoz, en el cargo de Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, mediante
Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2016,(…) por cuanto el Consejo Regional
con fecha 18 de Diciembre de 2015, aprobó la Actualización del Reglamento de
Organización y funciones – ROF del Gobierno Regional Piura – Sede Central, en
cuyo Capítulo VII – Art. 47° respecto de la Jefatura de la Oficina Regional
Anticorrupción – Secretaría Técnica, señala: ´La Oficina Regional
Anticorrupción está a cargo de un funcionario de confianza, de acuerdo a su
equivalencia, con el cargo estructural/clasificado asignado en el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP), quién (así en modo pregunta) es propuesto por el
Consejo Regional y designado por el Gobernador Regional del Gobierno Regional
de Piura´. Y siguen: ´En ese contexto, nos causa sorpresa la referida
designación, por cuanto (…) no obra propuesta alguna por parte del Consejo
Regional. Por tanto, no se recoge ni se tiene en cuenta el criterio aprobado
por el Consejo Regional (y aquí viene lo bueno), debiendo de ser el caso, SU DESPACHO REEVALUAR LA PERMANENCIA DEL JEFE
DE LA OFICINA REGIONAL ANTICORRUPCIÓN (..)’.
De la
lectura de esta Carta se puede concluir que:
a. Los Consejeros son unos INCOMPETENTES pues hay que tener una
total limitación de criterio, de inteligencia de raciocinio para suscribir un
documento en el que les hagan decir que TRES
AÑOS Y MEDIO DESPUÉS DE OCURRIDO UN SUCESO SE DECLARAN SORPRENDIDOS POR ELLO.
O sea, modifican el ROF en 2015 y recién en Junio de 2018 se percatan que había
algo irregular y solicitan al Gobernador REEVALUAR,
DE SER EL CASO.
b. Y precisamente aquí se le cae la
careta al gobernador regional “parlotero de la honestidad” pues a él le
solicitan REEVALUAR LA PERMANENCIA DEL
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL ANTICORRUPCIÓN, pero como EL COMPLOT, EL ACUERDO BAJO LA MESA, LA CONJURA, era traerse abajo
al Jefe de la Oficina Anticorrupción, el mismo día que llegó la Carta que
solicitaba REEVALUACIÓN a su
despacho, emitió la Resolución de DESTITUCIÓN. ERA EL ACUERDO. Porque REEVALUACIÓN NO HUBO. ES MAS, NO ERA
NECESARIA. LA JEFATURA VENÍA FUNCIONANDO CON PRECISSIÓN DE RELOJ SUIZO,
DESENMASCARANDO CORRUPTOS. Lamentablemente estos estaban/están ligados al
“parlotero de la honestidad” y había que hacer “control de daños”.
c. La Resolución que “DA POR CONCLUÍDA”
la designación del Jefe la Oficina
Regional Anticorrupción lleva el visto bueno de los responsables de Secretaría
General, Gerencia General y Asesoría Jurídica, funcionarios estos que habrían
cometido negligencia funcional, al haber inducido al “señor gobernador” a
firmar un documento que contrastado con los establecido en el Reglamento,
inclusive por lo manifestado por los solicitantes de la REEVALUACIÓN tenía que
pasar primero por el Consejo Regional, trámite que principalmente el Asesor
Legal, ignoró puniblemente y de lo cual deberá responder ante el Consejo
Regional y ante la justicia.
d. Hay una evidente contradicción entre
la fecha de modificación del ROF, señalada en la Carta de los consejeros
“gobiernistas” (18 de Diciembre 2015) y la citada en el sexto considerando de
la Resolución Ejecutiva Regional que destituyó ilegalmente al Jefe de la
Oficina Anticorrupción (06 de Setiembre de 2017). ¿Cuál vale?.
Termino diciendo que estos
consejeros, dados los niveles de desaprobación que arrastran el gobierno
regional de Piura así como los gobiernos municipales, carecen ya de la
legitimidad como para pretender complotar contra la honestidad. Más temprano
que tarde estarán en los tribunales respondiendo por haber traicionado la
voluntad del pueblo que les brindo la confianza que le demandaron.
