Por considerar de suma importancia y actualidad, consigno el artículo del Dr. Nelson Manrique, publicado hoy en el diario La República . Por favor lea y difunda.
Martes,
22 de octubre de 2013 | 4:30 am.
“¡De
ninguna manera ser excluido de las investigaciones! ¡No mienta! ¡No me cambie
el sentido de las cosas!”, impetra un indignado Alan García a la sorprendida
periodista Roxana Cueva cuando esta le menciona su demanda de ser excluido de
la investigación que le sigue la Megacomisión del Congreso sobre
irregularidades cometidas en su pasado gobierno.
Según
García, él nunca pidió ser retirado de la investigación; solo que se respete el
debido proceso. Todo en el contexto del cambio de versión del narcotraficante
Carlos Butrón, “Brasil”, quien anteriormente declaró contra los funcionarios
apristas que participaron en la concesión de indultos y conmutaciones de penas
a narcotraficantes, afirmó que el Apra había formado comandos para matarlo, y
ahora ha cambiado su versión, se desdice de sus pasadas afirmaciones, jura que
los funcionarios apristas son inocentes y acusa a la Megacomisión encargada de
investigar al gobierno de Alan García de haberlo presionado y de –para variar-
amenazarlo de muerte.
Sin
embargo la, pregunta de Roxana Cueva tiene una base sólida. El 26 de junio la
defensa de Alan García presentó una acción de amparo pidiendo que lo retiraran
de la investigación que le sigue la comisión presidida por el legislador Sergio
Tejada. El 25 de setiembre un segundo recurso demandó que la Megacomisión se
abstenga de continuar la investigación en su contra. La respuesta a esta
demanda, contenida en la resolución judicial firmada por el juez Hugo Velásquez
Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima,
rechaza explícitamente su pretensión: “Se declara improcedente el pedido de
suspensión de la investigación parlamentaria iniciada”.
La verdad
es poco popular en el sistema político peruano. Alan García inicialmente
calificó de “mentiras” la acusación de haber indultado y conmutado penas de
prisión a narcotraficantes. Afirmó frente las cámaras de TV que “no se concedió
ni un solo indulto” en los casos de tráfico ilícito de cocaína. Negó haber
liberado a bandas de narcotraficantes y proclamó orgullosamente que, de volver
a presentarse circunstancias similares, “volvería a hacer” lo que hizo (http://bit.ly/12xVhJM).
Quien
quiera encontrar alguna verdad en estas afirmaciones va a pasar un gran
trabajo. García liberó a 5.500 delincuentes, entre los cuales figuraban 3.274
sentenciados por narcotráfico y de estos 400 habían sido condenados por
narcotráfico agravado. Liberó a bandas completas de narcotraficantes, como la
de Amelia Emperatriz Reyes Alfaro, Lesly Yanira Zárate Quiroz y Demis Edgar
Benavides Reyes; la de Percy Andrés Farías Aguirre, Jorge Andrés Farías
Balarezo, Rosa Esther Huerta Aguirre, Milagros Leonor Farías Aguirre, y Juan
Carlos Farías Aguirre, así como la de Julio Roberto Rodríguez Chavarro, Roberto
Xavier Boponti Correa, Jani Ysminio Alegría y Alberto Gutiérrez Perdomo. García
liberó además a 1.600 delincuentes condenados por robo agravado, que usaron
armas letales para cometer sus fechorías, provocando lesiones y muerte a sus
víctimas. En algunos casos redujo las condenas incluso por debajo de lo
propuesto por la Comisión de Gracias presidenciales presidida por su
correligionario Miguel Facundo Chinguel (http://bit.ly/10M9lsq),
quien –¡oh sorpresa!– estuvo en la mesa de honor en la ceremonia de
“desagravio” que le ofrecieron a García en el local del partido aprista.
Alrededor
de 200 de los narcotraficantes liberados por García han reincidido, han sido
descubiertos y han vuelto a prisión. Algunos usaron su libertad para violar
mujeres y menores y para asesinar. El retorno de los angelitos a las primeras
planas continúa: esta semana se capturó a Edwin Javier Valenzuela con cuatro
toneladas de droga. Valenzuela fue condenado a 12 años de cárcel en el 2004 por
traficar cocaína a través de Serpost, la oficina postal de la que Facundo
Chinguel fue presidente, y en el 2010 recibió una gracia presidencial que
redujo su sentencia a la mitad, con el compromiso –que obviamente no cumplió–
de irse del país. Adivinen quién lo liberó.
Aparte
del ahora preso Miguel Facundo Chinguel trabajaron en la comisión de gracias
presidenciales 19 apristas, incluido Manuel Huamán Montenegro, abogado del
cartel “Los Norteños”, previamente condenado a 8 años por narcotráfico, así
como Carmen Morales Pebes, internada cuatro veces en prisión por el mismo
delito, a la que Facundo Chinguel le redujo su última sentencia de 4 años a 1
año y 8 meses para incorporarla luego a trabajar en su comisión apenas 4 meses
después de su liberación (http://bit.ly/11SgNJJ).
Definitivamente
aquí no hay buenos aires para la pobre verdad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario