Por considerar que es de suma importancia consigno aquí una información publicada en el Diario La República de hoy 25 de Marzo. Lea y difunda por favor. Hasta la victoria con el pueblo, siempre.
WikiLeaks: Perú negocia acuerdo que facilita a transnacionales millonarias indemnizaciones
Miércoles, 25 de marzo de 2015 | 5:58 pm
Nuevas filtraciones de WikiLeaks del Acuerdo Trans-Pacífico, en exclusiva para La República.
Beatriz Jiménez
*Artículo realizado gracias a la colaboración investigativa de WikiLeaks
El Acuerdo Trans-Pacífico que negocia Perú a puerta
cerrada junto con otros 11 países, entre ellos EEUU, permite a las
empresas extranjeras demandar a los gobiernos en el ISDS (solución de
controversias inversor–Estado) y solicitar millonarias indemnizaciones a
cuenta de los contribuyentes sin haber agotado antes las vías legales
internas, otorgando así a los inversionistas extranjeros más derechos
que a los nacionales.
El capítulo de Inversiones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), filtrado por Wikileaks en
exclusiva para Perú a La República, revela que contrariamente a lo
prometido por la administración Obama, el Acuerdo Transpacífico refuerza
y amplía el sistema legal del ISDS y eleva a las empresas de capital
extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos.
El capítulo filtrado, fechado el 20 de enero de este
año, habría sido visto durante la ronda de negociaciones llevada a cabo
en Hawaii entre los días 9 y 15 de marzo, En sus 55 páginas aborda no
sólo compensaciones por expropiaciones directas o indirectas, sino
también por pérdidas en el caso de conflictos sociales o por cambios en
la legislación financiera, ambiental o de salud pública que los
inversionistas consideren que afectan sus expectativas de negocio.
Este documento consolida y expande los derechos
empresariales reconocidos en el TLC bilateral firmado por Perú, al
amparo del cual en 2011 Renco Group Inc (propietaria de Doe Rum)
presentó una demanda “inversionista-Estado” contra nuestro país en la
que exige el pago de una indemización de 800 millones de dólares e
intenta evadir una demanda judicial ante un tribunal de EEUU presentada
por 70 habitantes de la Oroya por daños a su salud.
A pesar de este antecedente, Perú ha aceptado
someterse a la juristicción de este tribunal de arbitraje. Según el
texto filtrado, sólo Australia ha expresado su voluntad de no estar bajo
su jurisdicción, aunque una nota al pie indica que podría hacerlo bajo
determinadas condiciones.
Según el capítulo de inversiones, nuestro país no ha
presentado salvaguardas a ninguna de sus disposiciones, algo que si ha
hecho el vecino Chile, quien en los anexos protege el derecho de su
Banco Central a preservar sus facultades para limitar o restringir las
transferencias de capitales desde y hacia Chile.
Las rondas de negociaciones del Acuerdo Transpacífico
son realizadas con total hermetismo por los 12 países (Australia,
Brunei, Canadá, Chile, EEUU, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú,
Singapur y Vietnam), lo que lo convierte en el más amplio y polémico
acuerdo comercial llevado a cabo hasta la fecha ya que representa un 40%
del comercio internacional y sus disposiciones podrían afectar a casi
800 millones de personas.
Debido a que la sociedad civil no tiene acceso a las
negociaciones, la información existente sobre su contenido proviene de
consecutivas filtraciones difundidas por Wikileaks de capítulos como el
de Propiedad Intelectual,
cuyas disposiciones podrían encarecer en los países firmantes los
medicamentos debido a la ampliación de patentes y también restringir la
libertad de los ciudadanos en internet.
Pérdida de soberanía en salud pública y medioambiente
En el caso del capítulo de Inversiones, esta es la segunda filtración y elimina según la organización Public Citizen importantes salvaguardas relacionadas con salud pública, seguridad y medioambiente propuestas en el primer documento, hecho público a través de otra filtración en junio de 2012.
La primera versión del texto, según señala esta
organización no gubernamental estadounidense, incluía una disposición
que establecía que los actos regulatorios de los países para
salvaguardar el bienestar público en áreas de seguridad, salud y
medioambiente no constituían expropiación indirecta. Sin embargo, la
actual versión difundida hoy socava este intento de salvaguarda al
considerar que estos actos regulatorios podrían ser sujetos de
indemnización “en circunstancias excepcionales”, dejando a la
arbitrariedad del tribunal de arbitraje decidir cuando las leyes de un
Estado en este área constituyen una expropiación indirecta.
Otra posible grave consecuencia advertida por Public
Citizens sería el hecho de que las compañías farmacéuticas podrían
demandar ante estas instancias de arbitraje a los Estados en el caso de
que consideren que han sido dañados sus derechos a la Propiedad
Intelectual, algo que no contempla el Acuerdo de los Derechos de
Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), al que no pueden concurrir los inversionistas. Nuevamente,
Australia es el único país que se opone a la jurisdicción de el ISDS en
el caso de tratamientos farmacéuticos y médicos considerados de interés
público.
Lea mañana en la edición impresa de La
República las posibles implicancias para nuestro país del capítulo de
inversiones del Acuerdo Transpacífico.
Descargue el documento filtrado por Wikileaks aquí.
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