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Por: Juan de la Puente en La República
Viernes,
22 de agosto de 2014 | 4:30 a.m.
Un seminario realizado esta semana
por la ONPE, Idea Internacional y la Fundación Konrad Adenauer ha puesto con
solvencia sobre la mesa el problema del financiamiento de la política en
el Perú, abordando clásicos tabúes como las donaciones, las redes ilegales, la
precariedad de la supervisión de fondos y la legislación comparada.
Como a otros países de la región nos
sucede algo curioso. En la teoría política, los principales organizadores de la
política con la ideología y los programas, en tanto que en el mundo moderno los
sistemas han logrado incluir el financiamiento en esquemas legales que regulan,
ponderan y equilibran los factores de la movilización política de la sociedad,
de modo que con el dinero y no contra el dinero, las ideas y los programas
siguen siendo los factores centrales del quehacer público.
En el Perú, no obstante, desde 1985 y con mayor intensidad desde el 2001 el dinero es el principal organizador de la política, un modelo desregulado, nada ponderado y desequilibrado.
En el Perú, no obstante, desde 1985 y con mayor intensidad desde el 2001 el dinero es el principal organizador de la política, un modelo desregulado, nada ponderado y desequilibrado.
Este resultado se debe a cinco
procesos que han operado con increíble eficacia; el primero, el incremento del
costo de las campañas electorales debido a la expansión de la oferta
publicitaria y la compra de votos, el aumento de la demanda de prebendas por
parte de los electores, y la transformación definitiva de las campañas en
operaciones más personales que institucionales. Cada 5 años se tiene en el país
1,500 campañas congresales, cada una de ellas con su propia economía.
El segundo proceso es el financiamiento ilegal, tanto el que procede de fuentes legales pero que es ocultado y el financiamiento ilegal por su origen: del narcotráfico, minería y tala ilegal, contrabando y otros. El tercer proceso es la compra directa de cargos por empresas mediante pagos por adelantado, una tendencia aparentemente incontenible en regiones y municipios.
El segundo proceso es el financiamiento ilegal, tanto el que procede de fuentes legales pero que es ocultado y el financiamiento ilegal por su origen: del narcotráfico, minería y tala ilegal, contrabando y otros. El tercer proceso es la compra directa de cargos por empresas mediante pagos por adelantado, una tendencia aparentemente incontenible en regiones y municipios.
El cuarto proceso es el desborde de
la institucionalidad partidaria que interactúa con el flujo del dinero no
regulado, consolidando el cacicazgo regional y local y la hegemonía de una
plutocracia partidaria que convierte en dirigente al que tiene más dinero, o
franquea la entrada al sistema a partidos empresariales, una de cuyas
expresiones es, por citar un caso, Alianza para el Progreso (APP). En esa forma
de la política, billetera mata partido, dinero mata programa y chequera mata
militante. Esta dinámica se fortalece con procedimientos de elección como el
voto preferencial que disuelve el colectivo político y deshabita a los
partidos; según el JNE, el año 2011 solo el 37% de candidatos al Congreso
estaban afiliados a los partidos por los que postularon, en tanto que al inicio
del actual período parlamentario 65 legisladores no militaban en los partidos
por los que fueron elegidos.
El quinto proceso es el intenso
emprendimiento partidario, que solo es posible con el despliegue de recursos.
Desde 1992, en nuestro país se han legalizado 55 partidos, para lo que se han
debido recabar por lo menos 22 millones de firmas, a un costo total mínimo de
22 millones de dólares. Un dato más abona a lo señalado: según la ONPE, entre
el 2010 y 2012 más de 150 agrupaciones adquirieron kits electorales para
inscribirse como partido político.
Por esa razón, abordar la regulación
del financiamiento de la política es muy urgente, probablemente en un esquema
mixto que combine los fondos públicos y privados. Al mismo tiempo, es preciso
que esta regulación asuma una opción estratégica que además de la regulación
administrativa que se propone vigilar el ingreso de dinero y la rendición de
cuentas, se preocupe por disminuir el flujo de dinero en las campañas.
Este tema nos deriva a la reforma
política y debería incluirse en ella, contra los deseos que ya se advirtieron
el año pasado cuando se pretendió concretar el financiamiento público sin
democracia interna, aumentando el número de firmas para inscribir a los
partidos, incrementando el número de invitados independientes y sin hacer más
vinculante la rendición de cuentas.
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