Elegidos ya los gobernantes que regirán
los destinos de nuestra región, provincias y distritos por los cuatro años
venideros y teniendo en cuenta los serios cuestionamientos que tiene el sistema
político y gubernamental a todos los niveles en el país, es pertinente plantear
y exigir desde todos los estamentos representativos de la sociedad civil
algunos nuevos mecanismos de fiscalización y vigilancia ciudadana que, lejos
del formalismo legal y burocrático en el que han devenido, por ejemplo los
Consejos de Coordinación Regional y Local,
así como los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo,
Regional y Locales (Provincia y Distritos),
permitan desterrar progresivamente las malas prácticas de gobierno que
día a día en los últimos años han venido siendo denunciadas por los ciudadanos
a través de la prensa regional, lamentablemente cuando el perjuicio ya ha sido
perpetrado.
A continuación se plantea algunas
propuestas que considero permitirán, en un futuro mediato, recuperar la
credibilidad de la política y de quienes pretenden hacer del ejercicio de la
acción política un acto de servicio a la colectividad y no de intereses
particulares, sean estos de orden personal y/o de grupo. Veamos.
1.
Toda
autoridad electa en el proceso que acaba de concluir, el primer día de gestión
tiene la obligación de traducir en ley regional o municipal, el compromiso
ético asumido mediante su firma cuando era candidato, por lo que deberá
encargar ya mismo a su equipo de
asesoría, elaborar la fórmula legal pertinente. Sería este un edificante primer
acto de compromiso con la transparencia.
2.
En la
sierra (Huancabamba, Ayabaca, y algunos distritos de Morropón), zonas de menor
desarrollo, se hace necesario implementar un nuevo sistema de vigilancia en el
cual las Rondas Campesinas tengan, de acuerdo a sus atribuciones legales (Ley
27908 y D.S. Nº 025 – 2003- JUS) un papel preponderante en la fiscalización de
los recursos públicos.
La voluntad política y fortalecimiento de
capacidades para la elaboración de normas legales locales y la asignación de
recursos mínimos para su implementación, nos permitirán saber el tipo de
gestión y gobernante al que le hemos brindado o reiterado la confianza. No más
sesiones de concejo privadas o fantasmas (las que no se realizan pero aparecen
consignadas en los libros de actas para cobrar las dietas); no más
incumplimiento de los acuerdos del proceso de
Presupuesto Participativo; aprobación
e institucionalización de sistemas participativos de transparencia y
fiscalización en los procesos de provisión de bienes y servicios que permitan
detectar y sancionar drásticamente a los infractores.
Hacer posible todo esto necesita la propuesta y
aprobación de normatividad local, función inherente de los gobiernos locales y
que poco o nada se ha ejercido en los últimos tiempos que se han caracterizado
por la presencia de concejales y concejos municipales desinformados, timoratos
e improductivos, cuando no cómplices de cuestionadas gestiones. Esto debe y
tiene que cambiar.
3.
En
aquellas zonas predominantemente rurales de la costa de nuestra región, con
presencia de Rondas campesinas, considero que puede replicarse lo reseñado para
la sierra. No hay que olvidar que grandes sectores poblacionales de estas zonas
son migrantes que debido a la falta de oportunidades en la sierra se
trasladaron a estas nuevas jurisdicciones donde en general han reproducido las
costumbres e instituciones que ejercitaron en la tierra que les vio nacer.
4.
En
las zonas netamente urbanas debe darse paso a una participación más orgánica de
los representantes de la población, dejando de lado el clientelismo, que en
general, permite que los representantes de la sociedad civil sean afectos a
quienes detentan el poder local y por lo tanto su ejecutoria en cuanto a
vigilancia y fiscalización sea muy pobre o nula. Se hace pues necesario
legislar para instaurar procedimientos verdaderamente democráticos, los cuales
den lugar a una real movilización ciudadana. Un trabajo coordinado entre el
gobierno local, la Defensoría del Pueblo
y la ONPE, con veedores de algunas ONG`s con experiencia en la temática,
garantizarán buenos resultados tanto en la imparcialidad de la elección como en
los resultados objeto de las instancias. Llevar adelante esto requerirá de
voluntad política y asignación de recursos presupuestales, pero a juzgar por lo
manifestado por la Contraloría General de la República, ya sabemos cuánto nos
cuesta la corrupción que por ahora parece haberse enseñoreado en nuestra
Patria. La rentabilidad de la inversión en estos mecanismos pues, hechos los
cálculos, está garantizada.
5.
A
nivel regional y partiendo de la necesidad de una lucha frontal contra la
corrupción y habiendo suscrito el presidente regional electo el pacto de
gobernabilidad, considero impostergable:
a. Sincerar los costos que significa llevar a
cuestas un ente burocrático gigantesco como el aparato regional que tiene, para
ser exacto, 25 unidades ejecutoras en
las cuales siempre habrá la tentación del
clientelismo para el favor político. Hay que conjurar esa tentación.
b. El presidente, sobre la base de su slogan
de campaña ( En la honestidad está el cambio), deberá liderar como gobernante,
depositario de la confianza de todos los pobladores de la región, una lucha
frontal contra la corrupción, lo que significará constituir, ordenanzas
regionales de por medio, un sistema que unifique los esfuerzos que han venido y
vienen haciendo algunos colectivos como el Frente Regional de Lucha Contra la
Corrupción, que ha denunciado una serie de “irregularidades” en el ejercicio de
la función pública en gobiernos locales provinciales y distritales de la
región.
La constitución del Consejo Regional Integrado de
Fiscalización y Vigilancia del Gobierno, en el cual se integren todas las
instituciones que tienen como función la
lucha contra la corrupción, los colectivos ciudadanos ya vigentes y los que se
puedan constituir en el marco de la nueva legislación local planteada líneas
arriba (gobiernos locales provinciales y distritales), deberá ser una prioridad
estratégica en nuestra región.
En toda esta tarea, la inclusión de niños y
jóvenes será de impostergable necesidad, pues el futuro camina a pasos
agigantados hacia nosotros y requerimos ejercicio de probidad como condición
indispensable para sobrevivir como una sociedad civilizada y sostenible.
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