“..la
expansión de la democracia, la creciente
complejidad
de los procesos electorales
y la conciencia de los riesgos que la
corrupción
supone para la viabilidad de los sistemas
democráticos,
han situado al financiamiento
de la actividad política en el centro de
la discusión pública en todo el mundo”.
Daniel Zovatto, Presidente de IDEA
INTERNACIONAL en Seminario Internacional
“Financiamiento de la Política en el Perú”.
Lima 2014.
El próximo proceso electoral que
se celebrará en nuestro país para elegir los siguientes gobernadores y
consejeros regionales, alcaldes y concejales del Perú, ha sido convocado a
través del Decreto Supremo Nº 004 – 2018 – PCM, de fecha 09 de Enero del presente año y obligatoriamente,
así lo estipula la Ley Electoral, los ciudadanos deberemos concurrir a
depositar la expresión de nuestra voluntad el día domingo 7 de Octubre (que
mala fecha).
Algunos, optimistas cuando se
conversa del tema expresan que ese día tenemos la oportunidad de cambiar el
destino de la Patria, otros como yo, más bien pesimistas, nos preguntamos, al
borde de la desesperación, si ese aciago día contribuiremos una vez más, con la
expresión de nuestra voluntad, a convertirnos en cómplices en la elección de
los nuevos incapaces, o los nuevos “choros” de cuello y corbata que pondrán a
nuestras sufridas circunscripciones, ciudadanos incluidos, en el tramo final
del caos total.
Porque, a ver: ¿ Podemos decir
que vamos a elegir a las nuevas autoridades, cuando el principio de autoridad,
que se expresa en la capacidad de hacer cumplir la ley, ha desaparecido en
nuestro país y más bien las “autoridades” hacen malabares para violarlas,
siempre que aquello garantice nuevos recursos en sus bolsillos?. Primera
conclusión entonces: No elegiremos nuevas autoridades. Elegiremos a los
sucesores de la incompetencia y de la delincuencia institucionalizada de la que
somos, para colmo, “mudos testigos”.
La pregunta que sigue es: ¿cómo
nos hemos permitido llegar a esta desgraciada situación?. Respuestas pueden
haber muchas y para todos los gustos, pero hay una que, creo yo, es la más
determinante: la perversa legislación electoral que no garantiza el acceso a la
gestión pública vía elección del ciudadano común y corriente, sin recursos
económicos para financiar una costosísima campaña electoral aunque tenga
propuestas consistentes para mejorar la gestión del desarrollo local y
regional. La razón para este tamaño despropósito, ya superado en los países del
primer mundo al que alucinadamente aspiramos, es que postular a ejercer función
pública vía elección, es un asunto privado, del que el estado debe desentenderse
porque es asunto privado del candidato o en última instancia, del partido u
organización política que lo “lanza”.
Así pues, al no haber valorado
adecuadamente los factores que inciden en la falta de igualdad de condiciones
en la competencia electoral, el financiamiento, uno de ellos, quizá el más
importante, los legisladores por incapacidad o conveniencia político partidaria
han legislado para posibilitar que esa tara del sistema electoral se mantenga y
sirva para manipular groseramente la voluntad de un electorado que carece por
completo de un ejercicio consciente de ciudadanía.
De modo tal que al no existir
regulación del financiamiento (la última modificación hecha a la ley es una
invitación a delinquir, pues establece que los partidos sólo están obligados a
rendir cuentas después de concluido el proceso electoral), muchos grupos de
interés (interesados más que en gestionar el bienestar de la ciudadanía, en sus
propios intereses) incursionaron y seguirán incursionando en “política”
haciendo grandes inversiones a fin de capturar el cargo que daba acceso a un
importante monto de recursos económicos que podían administrar en su propio
provecho o en el del grupo o grupos que habían hecho la apuesta financiera por él
o ella.
El reporte de gastos de campaña
en los sucesivos procesos electorales en el Perú (Transparencia, 2017), indica
que conforme crecieron los recursos de que disponía el presupuesto público
nacional y por ende las reparticiones subnacionales, los gastos o “inversiones”
en las campañas electorales creció de una manera sorprendente.
Y el financiamiento ilegal, ahora
bajo investigación (caso lava Jato, entre otros), se camufló, al parecer a
través de la simulación de rifas, polladas, cócteles y mil formas más de
“actividades proselitistas” a través de las cuales se buscaba legitimar la
procedencia de parte de los recursos gastados y reportados a la ONPE. Al
respecto, se han presentado casos de aportes en efectivo reportados a ONPE,
realizados por personas que en procesos de investigación fiscal en curso
actualmente, han manifestado que nunca participaron porque no estaba al alcance
de sus posibilidades económicas).
En nuestra región luego de la
convocatoria al proceso electoral, ha empezado con fuerza la campaña de los mal
llamados “precandidatos”, en realidad eternos candidatos que cual saltimbanquis
van de un grupo político a otro tratando de alcanzar ser ungidos en las
magistraturas del poder regional o
municipal y ya podemos ver el despliegue de propaganda que tiene altísimos
costos económicos. Cabe entonces la pregunta: ¿Es tan grande la vocación de
servicio de estos personajes que no dudan en quedarse en la miseria por tentar
la elección a un cargo que no tiene una remuneración que les permita recuperar
lo gastado en la campaña electoral?. ¿Cómo y quién aporta con tan buena
intención sabiendo que, aún ganando su preferido no podrá recuperar lo
aportado?.
Todos quienes seguimos de cerca
estas peligrosas incidencias, que una vez más nos ponen al borde de un nuevo
descalabro, sabemos que la respuesta está en la ejecución de obras
sobrevaloradas, en las innumerables adendas aprobadas sin mayor sustento, en
suma, en la pésima calidad de los servicios que recibe una población que
alejada de la organización que franquean las leyes nacionales, permite que
estos viejos “vendedores de sebo de culebra”, sigan jugando con un futuro que
no les corresponde manosear.
La receta que me permito sugerir,
a quien quiera tomarla, es que el próximo 7 de Octubre, antes de depositar su
voto en el ánfora regional y municipal, piense que lo que no se haga los
próximos cuatro años o se haga mal afectará a quienes ahora están creciendo y
aún no pueden defenderse de la felonía de las “autoridades” de turno que
pretenden ser elegidos y que, lo mejor es votar por aquel ciudadano que sin
hacer demasiada ostentación de medios, proponga trabajar junto a la población
organizada y por favor NO VAYA A
DEPOSITAR SU CONFIANZA en un SALTIMBANQUI que por tercera o cuarta vez pretende
embaucarnos.
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