Distinguidos amigos, como podrán ver, no en vano aposté, personalmente, por nuestro actual Presidente Constitucional, Ollanta Humala. Si suscribe la idea central de lo que hace 21 años escribí como proclama de un propósito político que en aquel tiempo encarnaba como Alcalde por Izquierda Unida, pienso que no he luchado y , camaradas, no hemos luchado en vano. Reproduzco hoy lo que en quel tiempo concebí y publique en el diario El Tiempo de nuestra Piura amada.
Democratizar la democracia. Parece una frase de esas que acostumbran decir los políticos para salir del apuro; sin embargo, es una frase que explica una necesidad harto sentida y puesta de manifiesto por la ciudadanía de los diversos sectores sociales que conforman nuestra Región y nuestra Patria.
¿Qué significa democratizar la democracia? Para responder a esta pregunta es necesario ubicarnos en el contexto democrático nacional y regional. Veamos: Todos sabemos que en nuestro sistema de gobierno democrático, cada cierto tiempo, legalmente establecido, debemos acudir a las urnas para elegir a nuestros gobernantes y luego – echándonos la bendición – esperar que los elegidos tomen las riendas del poder y empiecen a hacer malabares con la finalidad de tratar de cumplir las no pocas veces incumplidas promesas electorales.
Nos guste o no, debemos esperar tres y cinco años respectivamente (gobierno municipal y nacional), además de las variantes del gobierno regional, para poder censurar, manifestar nuestro desacuerdo y/o propuesta alternativa a las acciones y/o formas de solución que ejecutan quienes están en uso del poder. Hasta cierto punto, durante los lapsos señalados, la gran mayoría de peruanos nos convertimos en una suerte de “convidados de piedra”en un proceso donde se decide el futuro de nuestro destino que es el de la región y del país.
Como estamos iniciando una nueva forma de gobierno – Regional – sería bueno que hagamos algunas sugerencias, de manera que no sigua sucediéndonos el vicio indeseable al que nos hemos referido líneas arriba y que fundamentalmente estriba en la incomunicación entre representantes y representados.
Si el gobierno regional se trata, es natural que empecemos haciendo las acotaciones al respecto, debiendo decir entonces que es de esperar que se tomen en cuenta al mas breve plazo, los siguientes procedimientos que consideramos pertinentes:
A) Los representantes elegidos por las Organizaciones de diverso grado, necesariamente deben conocer a fondo la problemática de sus representados, discutir con ellos los planteamientos de política a seguir para lograr la solución de los mismos y lograr el apoyo de dichos sectores para desarrollar un trabajo armónico y eficaz. Este tipo de participación evita el personalismo y a su vez, permite el logro de un reflejo real de las necesidades y capacidades de los involucrados en el proceso.
Debe, para cumplir tal fin, programarse un calendario de reuniones, estableciendo los canales formales de comunicación de modo que se evite la improvisación y se garantice la participación total de la organización regional.
B) Los alcaldes provinciales, para asegurar así mismo una fructífera representación en el seno de la Asamblea Regional deben, al más breve plazo, convocar a la Asamblea de Alcaldes Distritales (Art. 107 Ley Municipal), de manera tal que su representación refleje las necesidades, expectativas y reclamos de los pueblos que gobiernan.
C) Los representantes de los diversos partidos políticos, elegidos por voto directo, deben así mismo establecer nexos orgánicos que los conecten con la realidad que vive el sufrido pueblo y no solamente presentarse ante él en los mítines y reuniones estrictamente partidarias y de campaña electoral. Se establecerá así un buen hábito que permita a la ciudadanía regional convertirse en “Fuerza Actuante”para la construcción del desarrollo regional con participación real.
No obstante es necesario referirse también a la democratización de los gobiernos municipales distritales y creemos que una buena medida en ese sentido es hacer uso adecuado de la legislación municipal en lo que a participación comunal se refiere. En tal sentido, es necesario, creemos, establecer canales orgánicos de participación, a través de los cuales las organizaciones representativas de los diversos sectores puedan ejercer tal representación, convirtiéndose así mismo en artífices del desarrollo de sus jurisdicciones.
A este nivel la “democratización de la democracia”puede jugar un rol muy importante, ya que son muchas las organizaciones de base que pueblan nuestra región (Rondas Campesinas, Clubes de Madres, Gremios Sindicales, Gremios de Productores, etc) y que indudablemente conforman un rico sustento para lo que hemos considerado oportuno denominar ASAMBLEA MUNICIPAL POPULAR.
No se pretende aquí obviar los problemas que una propuesta de este tipo traerá consigo pero creemos que el pueblo – como siempre – logrará encontrar su derrotero hacia el desarrollo integral de sus capacidades.
JOSE A. PATIÑO ANGELDONIS
Publicado en Diario El Tiempo, Piura 15/02/90
viernes, 23 de septiembre de 2011
jueves, 15 de septiembre de 2011
A CUATRO AÑOS DE LA CONSULTA VECINAL
El 16 de Septiembre se cumplen cuatro (04) años del proceso de la Consulta Vecinal llevada a cabo en los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de La frontera, en el cual los ciudadanos que concurrieron en forma voluntaria a dicho proceso manifestaron su voluntad de no permitir el inicio de la actividad minera en sus territorios.
En un proceso convocado por los respectivos Gobiernos Locales, haciendo uso de las facultades que les franqueaba la Ley Orgánica de Municipalidades y que contó con la veeduría de Transparencia además de observadores internacionales, los ciudadanos de estos pueblos dieron una lección democrática pues con su asistencia al acto ratificaron la voluntad de buscar formas alternativas de desarrollo sostenible antes que permitir una bonanza efímera que mate para siempre a la madre naturaleza.
El pasado 6 del presente mes, simbólicamente en Bagua el Presidente Humala ha promulgado la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas y originarios y considero personalmente que lo ha hecho allí para desagraviar a nuestras comunidades que sufrieron la pérdida de varios de su hermanos en la lucha por lograr el respeto de sus derechos. La consulta vecinal se llevó a cabo en los distritos anteriormente mencionados y la promulgación de esta ley, también es en nuestro caso un desagravio para nuestros hermanos que perdieron la vida luchando por la defensa de la tierra y todo lo que ella significa para nuestra Región Piura: NUESTRO MEDIO DE VIDA.
Hay quienes sostienen que la pobreza debe combatirse con el Canon Minero que permitirá desarrollar una agricultura floreciente pues será posible construir canales, aplicar tecnología de punta, producir mejor y exportar. A ellos hay que decirles, que si permitimos en Piura la actividad minera a gran escala en las cabeceras de cuenca de nuestros ríos, no habrá necesidad de canales, porque no habrá agua para llevar. Al morir nuestros páramos, nuestros bosques de neblina y nuestros humedales, será imposible la realización de tales actividades y la gloria efímera del boom minero que siempre será para unos pocos, se convertirá ya mismo en lamentación general y llanto inconsolable cuando tarde podamos darnos cuenta de la indeseable situación en la que nos encontremos. El 40.05 % de los páramos que surten de agua a las cuencas de nuestra Región Piura (Cuenca del Chira y del Piura) están concesionados a la gran minería y el inicio de las actividades de explotación significarían a mediano y largo plazo la muerte de las fuentes de agua que equivale a decir de vida; la muerte de especies de flora y fauna que constituyen hoy y mañana alternativas de solución para problemas humanos de salud, de recreación, en suma de bienestar.
Los hermanos que se inmolaron en su lucha por la vida, nos han mostrado el camino. Por ello este Viernes 16 al celebrar cuatro años de nuestra Consulta Vecinal por el NO A LA MINERIA en Ayabaca y Huancabamba y el SI A LA VIDA Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRA REGION Y EN NUESTRA PATRIA, comprometámonos cada uno a ser promotores permanentes de la lucha por la concientización de que la MINERIA NO ES ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRA PIURA. La vida de nuestros hermanos caídos en la lucha, plantó un vigoroso árbol que debemos cuidar para que sus frutos los podamos disfrutar nosotros y los que vengan después por los siglos de los siglos.
MELANIO GARCIA GONZALES PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
REMBERTO HERRERA RACHO PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
GASTULO CORREA HUAYAMA PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
VICENTE ROMERO RAMIREZ PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
En un proceso convocado por los respectivos Gobiernos Locales, haciendo uso de las facultades que les franqueaba la Ley Orgánica de Municipalidades y que contó con la veeduría de Transparencia además de observadores internacionales, los ciudadanos de estos pueblos dieron una lección democrática pues con su asistencia al acto ratificaron la voluntad de buscar formas alternativas de desarrollo sostenible antes que permitir una bonanza efímera que mate para siempre a la madre naturaleza.
El pasado 6 del presente mes, simbólicamente en Bagua el Presidente Humala ha promulgado la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas y originarios y considero personalmente que lo ha hecho allí para desagraviar a nuestras comunidades que sufrieron la pérdida de varios de su hermanos en la lucha por lograr el respeto de sus derechos. La consulta vecinal se llevó a cabo en los distritos anteriormente mencionados y la promulgación de esta ley, también es en nuestro caso un desagravio para nuestros hermanos que perdieron la vida luchando por la defensa de la tierra y todo lo que ella significa para nuestra Región Piura: NUESTRO MEDIO DE VIDA.
Hay quienes sostienen que la pobreza debe combatirse con el Canon Minero que permitirá desarrollar una agricultura floreciente pues será posible construir canales, aplicar tecnología de punta, producir mejor y exportar. A ellos hay que decirles, que si permitimos en Piura la actividad minera a gran escala en las cabeceras de cuenca de nuestros ríos, no habrá necesidad de canales, porque no habrá agua para llevar. Al morir nuestros páramos, nuestros bosques de neblina y nuestros humedales, será imposible la realización de tales actividades y la gloria efímera del boom minero que siempre será para unos pocos, se convertirá ya mismo en lamentación general y llanto inconsolable cuando tarde podamos darnos cuenta de la indeseable situación en la que nos encontremos. El 40.05 % de los páramos que surten de agua a las cuencas de nuestra Región Piura (Cuenca del Chira y del Piura) están concesionados a la gran minería y el inicio de las actividades de explotación significarían a mediano y largo plazo la muerte de las fuentes de agua que equivale a decir de vida; la muerte de especies de flora y fauna que constituyen hoy y mañana alternativas de solución para problemas humanos de salud, de recreación, en suma de bienestar.
Los hermanos que se inmolaron en su lucha por la vida, nos han mostrado el camino. Por ello este Viernes 16 al celebrar cuatro años de nuestra Consulta Vecinal por el NO A LA MINERIA en Ayabaca y Huancabamba y el SI A LA VIDA Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRA REGION Y EN NUESTRA PATRIA, comprometámonos cada uno a ser promotores permanentes de la lucha por la concientización de que la MINERIA NO ES ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRA PIURA. La vida de nuestros hermanos caídos en la lucha, plantó un vigoroso árbol que debemos cuidar para que sus frutos los podamos disfrutar nosotros y los que vengan después por los siglos de los siglos.
MELANIO GARCIA GONZALES PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
REMBERTO HERRERA RACHO PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
GASTULO CORREA HUAYAMA PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
VICENTE ROMERO RAMIREZ PRESEEEENTEEEEEEEEEEEEE
lunes, 12 de septiembre de 2011
Humala y la legitimidad de la democracia
Por considerarla una opinión de interés para quienes apostamos por la construcción de una democracia con equidad e inclusión social - Tomado del Diario La República - 12/09/11
Por Steven Levitsky (Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Harvard)
Casi todo el debate sobre el futuro de la democracia bajo Ollanta Humala (y me incluyo) se ha enfocado sobre el eventual daño que podría hacer a las instituciones democráticas (¿será o no será un presidente autoritario?). Pero también vale la pena preguntarse si este gobierno podría fortalecer a las instituciones democráticas. Creo que sí, sobre todo en términos de confianza pública.
La democracia peruana no gozaba de buena salud cuando llegó Humala a la presidencia. Había un descontento enorme. Según el Latinobarómetro, solo el 28% de los peruanos estaba satisfecho con la democracia en el 2010, comparado con 49% en Brasil y 56% en Chile. En cuanto a la confianza en las instituciones, el Perú estaba en el último lugar. Solo el 13% tenía confianza en los partidos políticos (peor que Guatemala, Honduras y Paraguay) y solo el 14% confiaba en el Congreso (el promedio en AL era 34%). Y mientras el 45% de los latinoamericanos –y más del 50% de los brasileños y chilenos– confiaba en su gobierno, solo el 25% de los peruanos lo hacía. En el 2010, la economía peruana crecía más que la de cualquier otro país sudamericano, pero la aprobación del gobierno estaba por debajo de todos. Mientras en Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay y hasta México esa aprobación superaba el 50%, en el Perú estaba en 30%.
La desconfianza pública es peligrosa para la democracia. Si la gente no confía en las instituciones, estará menos dispuesta a defenderlas y más dispuesta a apoyar figuras (outsiders, golpistas) que las atacan. La desconfianza es una receta para el voto “antisistema”. Sería erróneo, entonces, actuar como si el Perú estuviera bien hasta el 5 de junio y de pronto se hubiera “jodido” (para decirlo como Zavalita) con la elección de Humala. La democracia ya estaba mal.
Una causa de la desconfianza política se debe a que pocos gobiernos han cumplido con sus promesas electorales. Las políticas adoptadas por Fujimori tenían muy poco que ver con lo prometido en la campaña de 1990. Alejandro Toledo tiene fama de no cumplir con sus promesas. El candidato García prometió el cambio responsable –interpretado por muchos como un reformismo moderado, estilo Lula o Bachelet– pero gobernó de una manera conservadora.
El Perú lleva más de dos décadas sin un presidente que cumpla con su palabra. No es poca cosa. Cuando la gente no percibe una mínima relación entre lo dicho en la campaña y lo hecho en el gobierno, crece la desconfianza. ¿Para qué sirve el voto si no influye sobre el comportamiento de los gobiernos electos? Si no hay relación alguna entre los resultados electorales y las políticas públicas, ¿para qué sirve la democracia? Que haya una brecha entre las promesas electorales y el comportamiento de los gobiernos es normal en una democracia: las condiciones cambian, surgen problemas inesperados. Pero en el Perú esa brecha creció demasiado, con consecuencias graves en términos de confianza pública.
La élite política y económica no tomó muy en serio este problema durante la última década. Los gobiernos de Toledo y García se enfocaron casi exclusivamente a la política macroeconómica, prestando poca atención a las demandas públicas. Obviamente, es importante mantener políticas macroeconómicas sólidas, pero una lección de las últimas elecciones es que un buen manejo macroeconómico y la confianza de gente con apellidos como Dubois y Althaus no son suficientes para garantizar la estabilidad democrática.
Cuando la economía crece 9% y la imagen del gobierno está por debajo del 30% hay un problema. Y el problema no es que los peruanos sean tristones o que les falte sol u oxígeno. Es político. Y en democracia, guste o no, la política importa. Aunque parezca superficial o demagógico, los gestos políticos (ir a Bagua, llevar el Congreso a Ica) importan. Y aunque parezca irracional, ineficiente y hasta populista, aplicar algunas políticas que responden a las demandas de la gente importa. (Paradójicamente, el último presidente que entendía la importancia de la política fue Fujimori, un autoritario).
Desde esta perspectiva, el inicio del gobierno de Humala ha sido muy positivo. Ha hecho como presidente lo que nos dijo durante la campaña que haría. Aumentó el salario mínimo, impulsó con éxito la Ley de Consulta Previa, negoció un importante gravamen minero, inició los programas sociales Pensión 65, Beca 18 y Cuna Más, y amplió el programa Juntos. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con estas medidas. El punto no es ese. Lo importante es que estas políticas eran promesas centrales de la campaña. Humala cumple su palabra. Y, en términos democráticos, está muy bien. Si las cosas siguen así, es posible que el nivel de desconfianza pública empiece a bajar.
Hay otras promesas que serán más difíciles de cumplir, sobre todo, la lucha contra la corrupción y la inseguridad. Son problemas estructurales del Estado que, por más voluntad que haya, son muy duros de cambiar en el corto plazo. Y como la corrupción y la inseguridad son –según las encuestas– problemas medulares para la sociedad, no solucionarlos puede traer costos importantes. Pero, en términos políticos, me parece que el gobierno empezó bien. Se ha preocupado mucho más que sus antecesores por las demandas del electorado, y no es poca cosa.
Humala, cuya presidencia nace de una crisis de confianza pública, está en condiciones de combatir esa crisis. Que tenga éxito. Los problemas de la democracia deben curarse en democracia. Y nadie sabe cuánto puede durar una democracia sin confianza pública.
(*) Profesor de Ciencia Política, Universidad de Harvard.
Por Steven Levitsky (Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Harvard)
Casi todo el debate sobre el futuro de la democracia bajo Ollanta Humala (y me incluyo) se ha enfocado sobre el eventual daño que podría hacer a las instituciones democráticas (¿será o no será un presidente autoritario?). Pero también vale la pena preguntarse si este gobierno podría fortalecer a las instituciones democráticas. Creo que sí, sobre todo en términos de confianza pública.
La democracia peruana no gozaba de buena salud cuando llegó Humala a la presidencia. Había un descontento enorme. Según el Latinobarómetro, solo el 28% de los peruanos estaba satisfecho con la democracia en el 2010, comparado con 49% en Brasil y 56% en Chile. En cuanto a la confianza en las instituciones, el Perú estaba en el último lugar. Solo el 13% tenía confianza en los partidos políticos (peor que Guatemala, Honduras y Paraguay) y solo el 14% confiaba en el Congreso (el promedio en AL era 34%). Y mientras el 45% de los latinoamericanos –y más del 50% de los brasileños y chilenos– confiaba en su gobierno, solo el 25% de los peruanos lo hacía. En el 2010, la economía peruana crecía más que la de cualquier otro país sudamericano, pero la aprobación del gobierno estaba por debajo de todos. Mientras en Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay y hasta México esa aprobación superaba el 50%, en el Perú estaba en 30%.
La desconfianza pública es peligrosa para la democracia. Si la gente no confía en las instituciones, estará menos dispuesta a defenderlas y más dispuesta a apoyar figuras (outsiders, golpistas) que las atacan. La desconfianza es una receta para el voto “antisistema”. Sería erróneo, entonces, actuar como si el Perú estuviera bien hasta el 5 de junio y de pronto se hubiera “jodido” (para decirlo como Zavalita) con la elección de Humala. La democracia ya estaba mal.
Una causa de la desconfianza política se debe a que pocos gobiernos han cumplido con sus promesas electorales. Las políticas adoptadas por Fujimori tenían muy poco que ver con lo prometido en la campaña de 1990. Alejandro Toledo tiene fama de no cumplir con sus promesas. El candidato García prometió el cambio responsable –interpretado por muchos como un reformismo moderado, estilo Lula o Bachelet– pero gobernó de una manera conservadora.
El Perú lleva más de dos décadas sin un presidente que cumpla con su palabra. No es poca cosa. Cuando la gente no percibe una mínima relación entre lo dicho en la campaña y lo hecho en el gobierno, crece la desconfianza. ¿Para qué sirve el voto si no influye sobre el comportamiento de los gobiernos electos? Si no hay relación alguna entre los resultados electorales y las políticas públicas, ¿para qué sirve la democracia? Que haya una brecha entre las promesas electorales y el comportamiento de los gobiernos es normal en una democracia: las condiciones cambian, surgen problemas inesperados. Pero en el Perú esa brecha creció demasiado, con consecuencias graves en términos de confianza pública.
La élite política y económica no tomó muy en serio este problema durante la última década. Los gobiernos de Toledo y García se enfocaron casi exclusivamente a la política macroeconómica, prestando poca atención a las demandas públicas. Obviamente, es importante mantener políticas macroeconómicas sólidas, pero una lección de las últimas elecciones es que un buen manejo macroeconómico y la confianza de gente con apellidos como Dubois y Althaus no son suficientes para garantizar la estabilidad democrática.
Cuando la economía crece 9% y la imagen del gobierno está por debajo del 30% hay un problema. Y el problema no es que los peruanos sean tristones o que les falte sol u oxígeno. Es político. Y en democracia, guste o no, la política importa. Aunque parezca superficial o demagógico, los gestos políticos (ir a Bagua, llevar el Congreso a Ica) importan. Y aunque parezca irracional, ineficiente y hasta populista, aplicar algunas políticas que responden a las demandas de la gente importa. (Paradójicamente, el último presidente que entendía la importancia de la política fue Fujimori, un autoritario).
Desde esta perspectiva, el inicio del gobierno de Humala ha sido muy positivo. Ha hecho como presidente lo que nos dijo durante la campaña que haría. Aumentó el salario mínimo, impulsó con éxito la Ley de Consulta Previa, negoció un importante gravamen minero, inició los programas sociales Pensión 65, Beca 18 y Cuna Más, y amplió el programa Juntos. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con estas medidas. El punto no es ese. Lo importante es que estas políticas eran promesas centrales de la campaña. Humala cumple su palabra. Y, en términos democráticos, está muy bien. Si las cosas siguen así, es posible que el nivel de desconfianza pública empiece a bajar.
Hay otras promesas que serán más difíciles de cumplir, sobre todo, la lucha contra la corrupción y la inseguridad. Son problemas estructurales del Estado que, por más voluntad que haya, son muy duros de cambiar en el corto plazo. Y como la corrupción y la inseguridad son –según las encuestas– problemas medulares para la sociedad, no solucionarlos puede traer costos importantes. Pero, en términos políticos, me parece que el gobierno empezó bien. Se ha preocupado mucho más que sus antecesores por las demandas del electorado, y no es poca cosa.
Humala, cuya presidencia nace de una crisis de confianza pública, está en condiciones de combatir esa crisis. Que tenga éxito. Los problemas de la democracia deben curarse en democracia. Y nadie sabe cuánto puede durar una democracia sin confianza pública.
(*) Profesor de Ciencia Política, Universidad de Harvard.
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