Hace algunos días en un noticiero
de nivel nacional, escuchaba las declaraciones de una atribulada madre quien
protestaba por la rebaja de pena que un negligente chofer había logrado por
parte de una comedida sala penal de la gran capital , decía la señora: “no puede
ser que rebajen la pena a quien atropelló y mató a mi hijo. Mi hijo no va a
revivir aunque a este sujeto le pongan 20, 30 o 100 años, pero la aplicación de
una pena fuerte va a servir para que otras personas, no respeten la vida, pero
si tengan temor, miedo a cometer un atropello porque saben que les espera un a condena
de varios años en la cárcel".
El pasado 05 de Noviembre
escuchaba el video que le grabaron a la alcaldesa de Paimas, Ayabaca y allí
claramente se le escucha decir: “deme una mano ( se refiere a 500, 000.00), 150,
000 no me va a alcanzar ni para el juicio, así sean 300, 000 no me va a
alcanzar si me denuncian porque la empresa queda mal”. Esta “señora”, que sigue
fungiendo de “alcaldesa” por la inercia de las fuerzas vivas del distrito
ayabaquino afectado por este grave síntoma de descomposición moral, transmite
convencida, que no importa delinquir, si bajo el colchón hay suficiente dinero
mal habido para torcer la voluntad de la ciega justicia que depende en muchos casos de jueces que parafraseando a Manuel Gonzales Prada, “tienen los
ojos bien abiertos para ver de que lado brillan los soles” y haciendo uso de
una mal entendida y mal utilizada autonomía y de mil vericuetos que muchas
veces solo ellos entienden, permiten que los delincuentes públicos sigan campeando
orondos en sus cuasi privados feudos (recuerden si no la suspensión de sentencia de prisión efectiva al ex - rctor Aliaga de la UNP). Por supuesto que nadie en nuestro sano
juicio se traga el cuento de que estos jueces, asumen tales conductas ad –
honorem.
Mañana una Sala Penal de Piura, dictará sentencia contra el alcalde
del distrito ayabaquino de Pacaipampa. Ojalá que la sentencia que dicten los magistrados, probablemente una de las primeras de este año nuevo, sea justa y que imponga un castigo de acuerdo a la
gravedad de los hechos y que incluya, es indispensable, la suspensión en el cargo de quien a juzgar por los testimonios periuodísticos y por los varios procesos que se ventilan en su contra, no debe seguir al frente de la representación del digno pueblo de Pacaipampa. Sienten precedente señores jueces y háganle un favor a Piura y al Perú.
Si se pudiera incluir en el código procesal la suspensión inmediata en el
cargo público por el solo hecho de haberse comprobado la comisión de hechos
delictivos, avanzaríamos enormemente en la lucha contra la corrupción. Sin embargo,
como en el caso de Paimas, con la “alcaldesa”, los denunciados pueden seguir
haciendo uso y abuso del cargo, contando inclusive con las arcas públicas a su
disposición para torcer voluntades con gran inclinación a caminar torcido.
Si la sentencia es benévola,
podremos seguir siendo testigos de cómo los funcionarios venales enquistados en
la administración pública ya sea por elección popular, por favor político (toda
una élite, muchos con un contrato permanente o un nombramiento inclusive)
depredan el erario público en desmedro del estado peruano; es decir de todos
nosotros, pero principalmente de quienes llevan la peor parte en esta tragedia
nacional: los más pobres.
Que les vaya bien.
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